La obligatoriedad de la presentación de la prueba sumaria como requisito de admisibilidad de la denuncia en los delitos contra los servidores públicos en la legislación procesal penal panameña.
Al conmemorarse los noventa años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Panamá (25 de enero de 1918), he querido realizar este trabajo teniendo como marco principal la implementación en nuestro país de un sistema de corte acusatorio o adversarial, que iniciara a regir a partir del 2 de septie...
| Autor Principal: | Cedeño Rivera, Argés Eduardo |
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| Formato: | Tesis |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
2008
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://up-rid.up.ac.pa/686/ http://up-rid.up.ac.pa/686/1/Arges%20Cede%C3%B1o.pdf |
| Sumario: |
Al conmemorarse los noventa años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Panamá (25 de enero de 1918), he querido realizar este trabajo teniendo como marco principal la implementación en nuestro país de un sistema de corte acusatorio o adversarial, que iniciara a regir a partir del 2 de septiembre de 2009. Esto lo indico puesto que al abordar el tema de la prueba sumaria se crea una incongruencia entre el denominado principio de igualdad de armas e igualdad de partes al darle favor a una de ellas al permanecer la prueba sumaria en estos delitos contra servidores públicos. Asimismo un proceso acusatorio que contiene intrínseco el principio a la tutela judicial efectiva no permite la presencia de este requisito para iniciar una investigación penal. Al aprobarse la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, que crea el nuevo Código Procesal Penal pareciera inminente la desaparición de este requisito de procedibilidad no obstante aún falta su puesta en práctica y que esta ley no sufra reformas ya que está de por medio un torneo electoral lo que hace pensar que este requisito pueda sobrevivir. Como servidor público resulta un fuero o un beneficio mantener la prueba sumaria en estos delitos no obstante como abogado y amante de mi profesión su regulación es dañina y resulta desastrosa para un buen Estado de derecho. |
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