| Sumario: |
Al llegar el 2017, el país enfrentaba un entorno bastante abrumador, con problemas heredados desde muchos años, y otros recientes. A ello, había que agregar los avances tecnológicos, los problemas ambientales, la disrupción digital, un mundo cada vez más interconectado que presionaba a los tomadores de decisiones. Esto obligaba a tener claridad del horizonte al que se quería llegar, para ello, había que evitar la microgestión, si se quería avanzar en la solución de
los problemas más apremiantes de la universidad, con la integración de todo el talento humano disponible.
Se tenía claro que, hacia finales del último lustro de la década de 2010, el entorno era muy complejo. A pesar del crecimiento moderado de la economía costarricense del 3,7 % en 2015, la tasa de desempleo fue superior al 9 %, indicador que señalaba que la estructura `productiva estaba mostrando un desenganche con la generación de oportunidades laborales. En cuanto al déficit fiscal, desde el 2009 venía creciendo, y para el 2015, se ubicaba en el 5,9 % del PIB, el más alto en los últimos 30 años.1 Por lo tanto, a partir del 2017, era inminente una crisis fiscal, lo que se reafirma con el déficit del 6,2 % en ese año, obligando al gobierno a incrementar el endeudamiento.
Lo anterior repercutiría para el 2018, en una desaceleración de la inversión social (entre ella, la educación y la cultura), con el consecuente aumento de la pobreza; el desempleo llega otra vez a niveles muy altos, a una tasa del 12 %, y se incrementa el empleo informal. El ingreso real promedio de los hogares se redujo en -3,6 % y hay un estancamiento de los salarios mínimos. En este año se aprueba la reforma fiscal, que provoca la movilización social. La Ley 9635, conocida como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, buscaba darle un respiro al creciente déficit fiscal que, desde 2008, era un problema serio para las finanzas del Estado.
Con esos escenarios, más el déficit de jornadas que la Sede Regional Chorotega tenía, era imperativo comenzar a trabajar en el tema de las asimetrías entre las oportunidades que se generaban en la región Central, y las regiones donde estaban las Sedes Regionales; si se quería contribuir más fuertemente a las poblaciones de estas últimas. Las finanzas familiares estaban comprometidas, la presión por más cupos y carreras pertinentes eran demandas en la región. Eso implicaba
hacer una reflexión de la forma en que se venía atendiendo la escasez de recursos asignados para ejecutar la acción sustantiva en las regiones.
Con lo anterior, la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, introducía nuevos elementos por tomar en cuenta, entre ellos, la regla fiscal y la amenaza de derogatoria de la Ley 7386, que proveía rentas propias a la Sede Regional, lo cual le permitía asumir la operatividad e inversión en ella.
En el ámbito político, la elección de un nuevo presidente volvió a poner sobre la palestra el malestar de las provincias costeras con los partidos tradicionales. Estas, mediante un voto protesta, dieron señales claras de que las oportunidades no debían quedarse solo en las provincias de la región Central. Las asimetrías económicas
entre la Gran Área Metropolitana y los cantones de las provincias costeras son más que evidentes.
Para el 2018-2022, los costarricenses eligieron nuevamente a un presidente de un partido no tradicional en contienda, en segunda ronda, con otro partido no tradicional de estirpe religiosa. Lo mismo se
repite en el 2022, cuando resulta electo el candidato de un partido nuevo, con los porcentajes más altos en las provincias costeras.
La Asamblea Legislativa queda atomizada y un partido, que cuatro años antes no existía, obtiene una bancada importante.
Ese entorno tan cambiante introducía nuevos actores políticos, y nuevas visiones, en torno a la Educación Superior. Por ejemplo, para el presupuesto 2019, se aprueba en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, un recorte de diez mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES). Por supuesto, lo anterior era violatorio de la Constitución Política.
En ese mismo 2019, se comienza a hacer más intenso cierto malestar o preocupación por parte de algunos alcaldes y diputados, incluso a los de Guanacaste, con respecto al financiamiento de las Sedes Regionales y a la concentración de sedes universitarias en la Región Central del país. La lectura de este entorno, junto con la convicción que se debía abrir más oportunidades en la Región Chorotega, así como avanzar hacia una mayor equidad para nuestros estudiantes y jóvenes aspirantes, llevó a que se planteara ante la Rectoría y el Consejo Universitario una solución permanente al problema del déficit de jornadas.
Los indicadores de matrícula total, de primer ingreso, becas, graduación, inversión, investigación y extensión, entre otros, respaldaban el trabajo de la Sede, mas, definitivamente, había que tener una nueva mirada hacia la regionalización; de conjuntar esfuerzos institucionales para el adecuado financiamiento de estas.
|