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La evaluación ha venido representando un indicador incuestionable acerca del mérito y el progreso académico de un estudiante. No obstante, podrían existir conductas o prácticas ilícitas cometidas conscientemente, por parte del alumnado, en el desarrollo de una actividad evaluativa para alcanzar una calificación o lograr un objetivo particular, a este fenómeno se le denomina fraude académico. El cual, ha estado incrementándose en frecuencia y complejidad con la virtualización de las actividades académicas debido a la pandemia. Se determinó que las motivaciones del estudiantado para recurrir a estos actos indebidos involucran al profesorado, a la universidad y a la sociedad, las cuales confluyen sobre una base ética-moral endeble. Asimismo, las tecnologías de la información y la comunicación han formado parte del problema y también de la solución. En la actualidad, las instituciones de educación superior cuentan con mecanismos para detectar y sancionar este tipo de hechos; no obstante, carecen de estrategias preventivas. Por este motivo, se realizó una propuesta, dirigida a docentes y alumnos, para formar pedagógicamente al respecto. El planteamiento consiste en desarrollar una política antifraude en la que todas las partes deseen estar incluidas.
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