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El aumento de los delitos violentos y contra la propiedad, generó que, en los países centroamericanos se formularan o reformaran las políticas de seguridad. La seguridad privada se ha colocado en las agendas de las empresas usuarias de estos servicios, los gobiernos, los parlamentos, los medios de comunicación y los partidos políticos. En Costa Rica, la seguridad privada es un tema en la agenda política. Una investigación periodística determinó que un alto porcentaje de las empresas de seguridad privada estaban en la informalidad (La Nación, 2016).
La regulación de las empresas debe evitar el ofrecimiento ilegal del servicio, el descontrol en el uso y registro de armas, el crecimiento desmedido del número de oficiales, tanto como las deficiencias en su capacitación y el incumplimiento de sus derechos laborales. El desequilibrio entre capacidades estatales de control de la seguridad privada y el desarrollo del sector requiere de propuestas que impidan el incremento de los índices de violencia y el descontrol de este tipo de empresas.
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