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Los problemas ambientales globales como la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático llevaron a la comunidad internacional a buscar algunas soluciones. Iniciativa que se formalizó en la Conferencia de Nacionales Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil en 1992. En esa oportunidad representantes de diversos Estados aprobaron la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMCC), con el propósito de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y prever o reducir las causas del cambio climático. Dicha estabilización, se puede hacer disminuyendo las emisiones de GEI o ampliando los sumideros de carbono. Los bosques en general y en particular los tropicales y los océanos se consideran que son fuentes muy eficientes en fijación de carbono.
La CMCC abrió en el artículo 4.2 la posibilidad de una nueva forma de cooperación internacional económica flexible y voluntaria entre las partes (países Anexo I y Anexo II), para aplicar medidas y políticas tendiente alcanzar los objetivos de la convención de manera conjunta. De esta forma surgen las Actividades de Implementación Conjunta (AIC) como un mecanismo económico mediante el cual los países industrializados con obligaciones de reducción pueden cumplir parte de sus compromisos realizando inversiones en proyectos de reducción de emisiones de GEI y/o de fijación de carbono fuera de sus fronteras cuyos costos son menores que si las hiciera dentro de su propio país. No obstante, las reducciones de emisiones bajo el régimen de IC han generado grandes debates al menos en dos temas: para algunas personas los proyectos de IC no generan beneficios sociales y ambientales y además no responden las prioridades de desarrollo de los países recipientes.
La posibilidad de recibir recursos adicionales y transferencia de tecnología motivó a Bolivia a iniciar una serie de acciones y establecer algunas políticas, generar un marco jurídico y organizacional. Esta coyuntura le permitió al país presentar tres proyectos de IC, dos en el sector energético y uno en el sector forestal.
Esta investigación analiza en que medida las políticas de reducción de emisiones, fijación y venta de carbono de Bolivia responden a los objetivos de la convención y de las AIC, y las prioridades de desarrollo sostenible a nivel nacional y local. Para ello se analiza las políticas de reducción de emisiones, fijación y venta de carbono de Bolivia en el marco de las Actividades de Implementación Conjunta y compara dicho modelo con el de Costa Rica y un proyecto diseñado y ejecutado por la Fundación Amigos de la Naturaleza también de Bolivia. Cada uno de los modelos se desarrolla bajo condiciones, características y objetivos distintos lo que permite gran riqueza para la comparación y análisis.
Los resultados finales surgen del análisis teórico de los modelos, de la experiencia aprendida de otros países de la región en particular Costa Rica, de la aplicación metodológica de Análisis Múltiples Criterios que incorpora no solamente elementos económicos sino también sociales y ambientales y en especial de la opinión de los actores.
Los resultados de la caracterización del modelo boliviano, indica en general, que las políticas forestales de reducción de emisiones, fijación y venta de carbono responde a los objetivos de la convención y en alguna medida a las AIC. Sin embargo, se evidencia que dichas políticas no responden a una estrategia nacional desarrollo que aborde el tema de las políticas de carbono de manera integral. Los proyectos de AIC que se ejecutan en la actualidad no responden totalmente a un cuerpo de criterios definidos para ese propósito. No obstante, según la opinión de los actores a nivel local, los proyectos manejados apropiadamente bajo las AIC pueden generar beneficios económicos, sociales y ambientales.
Sobre los modelos, los actores sugieren que los tres modelos de políticas forestales de reducción de emisiones son viables, pero deben ajustarse a la realidad de cada país. El modelo costarricense es el preferido por algunos actores, pero enfrenta serias dificultades de aplicación en el contexto boliviano. En tanto que el modelo boliviano ocupa el primer y segundo lugar de las preferencias de algunos actores, esta en proceso de consolidación y todavía debe definir muchos aspectos relacionados con el marco jurídico y organizacional. Mientras que el proyecto ejecutado por la Fundación Amigos de la Naturaleza ocupa casi para todos los actores, el segundo y tercer lugar de sus preferencias, presentando fortalezas en las alianzas desarrolladas a nivel nacional e internacional y constituyéndose en una muestra eficiente para captar recursos para proyectos de conservación o preservación. Finalmente, la opinión de la mayoría de los actores sugieren tomar elementos positivos de cada modelo y adecuarlo a la realidad nacional considerando al menos tres criterios: Sostenibilidad Ambiental, equidad social y eficiencia económica.
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