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Por generaciones, la mujer ha estado sumergida al mundo del hombre, vista no como un ser individual sujeta de derechos y libertades, (formalmente sí, pero no en la realidad), siempre sumisa a obedecer, y con un rol que la misma sociedad le ha impuesto a través de la cultura y cuando ésta se revela a seguir esos patrones estereotipados, la violencia ha sido la solución.
Fueron los movimientos feministas que lucharon para que se reconozca internacionalmente que la violencia, es una vulneración a los derechos humanos de la mujer y que era necesario que se reconociera la misma condición de igualdad que el hombre. En la Declaración de Beijing, la primera responsabilidad de los gobiernos es la protección y promoción de los derechos humanos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo.
El Salvador en su Constitución en el artículo 3 regula el derecho de igualdad y como Estado parte, adquiere los compromisos de contar con una legislación que regule de manera adecuada la política de detección, prevención, atención, protección y reparación y sanción, para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y el respeto de sus derechos humanos. Asimismo, a través del Decreto Legislativo N° 286 crea los Tribunales Especializados como un mecanismo para combatir la violencia contra la mujer, siendo el estudio que nos ocupa.
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