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Las asociaciones y fundaciones empresariales que funcionan en el ámbito nacional tienen diversas áreas en las que enfocan su interés, sin embargo, son consideradas como un eje primordial en la economía del país, esto debido a la movilización de capitales que generan. Las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro operan en El Salvador para garantizar a los habitantes resultados positivos en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchas familias salvadoreñas. Debido al manejo de capitales que dentro de estas entidades circula, están sujetas a cumplir con toda la normativa legal relacionada a la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo. El hecho de que su finalidad no persiga fines lucrativos las hace vulnerables por la forma en que obtienen sus recursos, es decir, por medio de la obtención de donaciones y aportes de sus miembros o asociados, son más susceptibles a ser víctimas de encubrimientos financieros ya que muchas de ellas no cuentan con sistemas de control interno adecuados que les permita identificar plenamente a sus donantes. En muchas ocasiones al pasar desapercibidas de algunos sectores financieros, se convierten en vehículos adecuados para facilitar los procesos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ante estas circunstancias, miembros internacionales para el combate efectivo de dichos delitos han aportado recomendaciones específicas para la adecuación de leyes y reglamentos a fin de evitar que las mismas sean utilizadas ilegalmente. Con el objeto de cubrir las deficiencias de control de estas entidades, surge el presente trabajo de investigación denominado “Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.” Las asociaciones y fundaciones empresariales deben de ejecutar las funciones establecidas para la prevención y detección de delitos en materia de lavado de dinero y activos, para lo cual nombrarán a un designado de cumplimiento, quien será el responsable de velar que dicho sistema se ejecute según la normativa vigente, manteniendo su autonomía e independencia de criterio enfocado en la consecución de los objetivos propuestos
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