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Esta investigación tiene como objetivo establecer la importancia del reconocimiento y desarrollo del derecho fundamental al agua y saneamiento en la Constitución de la República, como bien público imprescindible para la vida y la salud de la población salvadoreña. Así como también analizar la normativa vigente de El Salvador que regula los usos del agua a fin de identificar si su aplicación garantiza la protección, conservación y uso sustentable, para la actual y futuras generaciones. CONCLUSIONES: El derecho fundamental al agua y saneamiento es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y las necesidades de higiene personal y doméstica. En el corpus iuris salvadoreño en relación con el derecho al agua y saneamiento, se demuestra que no se encuentra reconocido el derecho fundamental al agua y saneamiento en la legislación como bien jurídico protegido, lo que se encuentra son acciones que tienden a buscar su legitimación en los preceptos jurídicos, tal es el caso, que solo existe un acuerdo de reforma al artículo 69 de la Constitución y diferentes anteproyectos para aprobar una Ley General de Aguas que han sido promovidos por partidos políticos, Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad organizada. Según la doctrina los Derechos Fundamentales son aquellos derechos que el poder constituyente, máxima expresión jurídica de la soberanía popular, ha considerado los más importantes, los seleccionados para gozar del mayor nivel de garantía, es decir, aquellos inherentes a la persona humana, que permiten el desarrollo de una vida digna a diferencia que los derechos humanos entendidos básicamente como demandas derivadas de la dignidad de la persona, pertenecen al campo de la Ética, no del Derecho positivo. El derecho fundamental al agua y saneamiento desde un estudio socioeconómico afecta directamente en todos los ámbitos, ya que al no haber una ley o cuerpo normativo que regulo la administración del agua, la ausencia de ello provoca vulneración al bien jurídico agua donde se pierde la accesibilidad, calidad, equidad para todos y todas y tener beneficios solo ciertos factores que ven el agua con fines de lucro y no como un bien público. Actualmente en el país existe una población de más de seis millones de habitantes. De acuerdo a estadísticas de ANDA hasta el 2006 solo el 65% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua potable dentro o fuera de la vivienda; sin embargo se reporta que el área rural la cobertura de agua potable fue de 34.4%. La falta de acceso y mala calidad del agua afectan la calidad de vida, la productividad, la salud de la población y los ingresos económicos de los diferentes sectores de la sociedad; ya que las personas con escasos recursos económicos del área rural y urbana dedican gran parte de su tiempo y exige mayor inversión económica para llevar agua a sus viviendas
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