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La informática jurídica como técnica necesaria para la utilización de los equipos de procesamientos de datos, tiende a optimizar la labor de los operadores del sistema en este caso del jurídico. Sin embargo, su aplicación a ocasionado graves problemas, lo que ha llevado a la necesidad de su regulación a través de una rama del derecho, al que se le ha denominado derecho de la informática o derecho informático. No obstante, las ventajas que ofrece la informática jurídica, produce al mismo tiempo riesgos generados por la desactualización, proliferación y trafico de los bancos de datos, lo que puede ocasionar graves violaciones a los derechos fundamentales, por contener dichos bancos o registros, datos denominados sensibles, es decir relativos a la intimidad o privacidad. Esto ha llevado a que la mayoría de países europeos y algunos latinoamericanos regulen su protección a través de leyes secundarias o de la ley fundamental. Algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, han considerado que no basta el reconocimiento del derecho en si, ni la protección a través del amparo, sino que han creado la figura del Hábeas Data, como una garantía constitucional.
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