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El presente trabajo plantea la privatización parcial mediante Oferta Pública Inicial del Banco de Costa Rica en aras de promover una mayor competencia, transparencia y eficiencia del mercado bancario nacional. Posteriormente, se propone que con el capital recaudado se establezca el Fondo Soberano de Inversión costarricense como vehículo de inversión enfocado al desarrollo de infraestructura doméstica.
Se establece una venta de acciones comunes correspondiente al 49% del capital bancario mediante operación en la Bolsa Nacional de Valores, dando origen a una organización híbrida (capital público y privado), las cuales son muy comunes en Europa, pero desconocidas en nuestro país. La desinversión tiene como objetivos la reducción de la concentración bancaria en pocos actores del sector público, potenciar una disminución de las tasas de interés; restringir gradualmente la injerencia político-electoral de la toma de decisiones de la entidad; generar recursos frescos al Estado y, finalmente, incentivar el desarrollo del mercado de capitales local.
Se establece dicho porcentaje ya que permitiría la máxima inclusión de capital privado, pero a su vez, el Estado mantendría tanto el control como la propiedad mayoritaria del bien. Sin embargo, aun cuando el Estado mantenga la propiedad, es conveniente (como compromiso de no injerencia y eficiencia hacia el mercado) que reduzca su control, e.g. el nombramiento discrecional de los directores de la
junta directiva, estableciendo que los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo sean ratificados por la Asamblea Legislativa.
Se propone emplear el 25% de los fondos que ingresen a las arcas del Estado, producto de la desinversión, como capital inicial para la creación del Fondo Soberano de Inversión (FSI) de Costa Rica. El FSI tendrá como objetivo el invertir, al menos la mitad de su capital, en proyectos de infraestructura de carácter estratégico para el país, los cuales deberán estar debidamente consignados en el Plan Nacional de Infraestructura o Inversión Pública. Su creación requerirá la aprobación de una ley en la cual se establezca su marco normativo en lo concerniente a sus objetivos, estructura y gobierno corporativo, cartera y estrategia de inversión y su proceso de rendición de cuentas y transparencia.
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