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Contribuye en el proceso de elaboración de un futuro Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos, de conformidad con la Política Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica 2017- 2030 y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). Como parte del Seminario, se diseña una suerte de estudio preliminar de línea base apoyado en el Kit de Herramientas sobre Planes de Acción de Empresas y Derechos Humanos, diseñada por el Instituto Danés de Derechos Humanos, así como la Herramienta de diagnóstico sobre la implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Ambas herramientas ayudaron a presentar un diagnóstico inicial básico sobre el nivel de implementación en el país de los PRNU, incluidos avances en legislación, políticas públicas y otras disposiciones normativas. Los resultados preliminares que arroja el Seminario han sido presentados como parte de un estudio más amplio que apoyará los esfuerzos del país en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), el cual es liderado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y otras instancias estatales, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El estudio completo se encuentra disponible y actualizado a setiembre del año 2021 en el siguiente enlace. El Seminario logra esbozar algunos de los retos más importantes que tiene Costa Rica para asegurar un marco jurídico que proteja los derechos humanos de las personas en el contexto de la actividad empresarial, los cuales deberán ser considerados como parte de un futuro Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Dentro de los principales resultados de esta investigación se destaca alto compromiso del Estado costarricense la adopción de compromisos internacionales tanto vinculantes como no vinculantes, así como los esfuerzos por establecer la protección de los derechos humanos en el marco de la normativa nacional. Sin embargo, es necesario la implementación de mecanismos que faciliten la comunicación entre las autoridades gubernamentales y el sector empresarial, esto con el propósito de mejorar la participación de este sector y que se convierta en un incentivo para la creación de un régimen más
robusto de debida diligencia en materia de derechos humanos.
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