| Sumario: |
Con toda certeza puede decirse que no hay estado democrático sin un estado de derecho, y no hay estado de derecho sin una pronta y cumplida justicia administrada, si no se hace en una forma pública y transparente, en donde el funcionamiento de la administración de justicia en general y del órgano judicial, en particular, no satisface las exigencias sociales; eso constituye una limitación condicionante para el goce y ejercicio real, efectivo y pleno de los derechos fundamentales en El Salvador. La violación al debido proceso legal se ha convertido en un indicador cuantitativo del problema, pues el examen del mismo se convirtió entre nuestro grupo, en un tema critico; la retardación de justicia y negligencia de algunos jueces se vuelve impostergable en todo aquello que favorezca el perfeccionamiento de los medios de protección judicial de los derechos fundamentales, que rigen el debido proceso legal, especialmente por parte de los jueces, lo cual urge la aplicación efectiva de las garantías constitucionales que tutelan y aseguran la vigencia de los derechos y principios fundamentales dentro de un ordenamiento jurídico
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