Reconocimiento a la lesividad de bienes jurídicos protegidos por el estado salvadoreño que presenta la corrupción efectuada en el marco de las relaciones llevadas a cabo exclusivamente entre particulares.

Se realiza un estudio de carácter doctrinario, puesto que se ha escrito escasamente sobre ello, teniendo por objeto profundizar de modo descriptivo los intereses que potencialmente sean de protección por el Derecho penal, dentro del reconocimiento a la lesividad de estos, modificando la perspectiva...

Descripción completa

Autor Principal: Guardado Iglesias, Katherine Estefany
Otros Autores: Ramírez Melara, Gilberto
Formato: Tesis
Idioma: es_SV
Publicado: 2024
Materias:
345
Acceso en línea: https://hdl.handle.net/20.500.14492/11322
Sumario: Se realiza un estudio de carácter doctrinario, puesto que se ha escrito escasamente sobre ello, teniendo por objeto profundizar de modo descriptivo los intereses que potencialmente sean de protección por el Derecho penal, dentro del reconocimiento a la lesividad de estos, modificando la perspectiva que se tiene de la corrupción en el sector privado y estableciendo la necesidad de incorporarla en el ordenamiento jurídico. El concepto de corrupción adopta una postura como medio de agresión de distintos bienes jurídicos, teniendo en cuenta una serie de distinciones, que se extraen al realizar un cotejo del Ordenamiento Jurídico Internacional, con el objeto de tener una visión global, integradora y comparativa de los heterogéneos modelos de incriminación adoptados por los Estados que cuentan con este delito en sus ordenamientos. Posteriormente se analizan los efectos lesivos de esta particular corrupción, y a su vez presenta la interrelación entre corrupción y Derecho, en particular corrupción y Derecho Privado Patrimonial, sin olvidar considerar la constatación de una serie de problemas interpretativos que podrían presentar como producto de la fórmula escogida por el legislador para su tipificación. Al final de la investigación se evaluaron los presupuestos básicos del delito penal definiéndose como antecedentes jurídicos necesarios en orden de identificar las exigencias técnicas requeridas por la Ley Penal para confirmar existencia de la conducta típica de la cual depende el delito, adicionalmente se especifica un caso internacional en contraste de un caso nacional, finalmente haciendo uso del término De lege ferenda se plantea una recomendación de tipo penal respecto a la corrupción privada.