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El 1° de enero de 1995 se aprobó, junto con la creación de la OMC, el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias, que limitaba el uso de subsidios a la exportación y
daba un plazo de 8 años a los países en desarrollo para eliminarlos. Los subsidios, tal y como lo
establece el Acuerdo son prohibidos, cuando están supeditados a la actividad exportadora o
cuando pretenden promover el uso de productos nacionales de preferencia a los importados.
Esta situación le provoca un problema al país, y en particular a las empresas del régimen
de Zonas Francas, pues una parte de los incentivos que Costa Rica ofrece a estas empresas se
pueden considerar subsidios prohibidos, pues la Ley de Zonas Francas limita los beneficios a
empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad exportadora.
Originalmente estos beneficios se crearon como una forma de compensar los sesgos
antiexportadores y la falta de condiciones competitivas del país. Estas condiciones siguen
presentes aun hoy día, en distintos niveles, Problemas como: falta de gobernabilidad y de una
cultura abocada al cambio, la ausencia de una visión de largo plazo y de condiciones de
estabilidad macroeconómica, la necesidad de reforzar el papel de la educación, de mejorar la
infracstructura nacional y de modernizar las instituciones relacionadas con el comercio exterior
(por ejemplo aduanas).
Así que al enfrentarnos a la eliminación de los incentivos actuales, surge la pregunta
sobre si vale la pena formular una nueva generación de incentivos, para las empresas de Zonas
Francas, que compense ese entorno competitivo adverso,
A estas empresas se les ha criticado pues, a pesar de haber sido el sector más dinámico de
la economía costarricense, no pagan impuestos y en todo caso se dice que su aporte a la sociedad
es mínimo, más que todo se constituyen en fuente de empleo con muy pocos encadenamientos en
la economia nacional.
Lo cierto es que en las Zonas Francas se paga un salario promedio mucho mayor al que
se paga en promedio a nivel nacional, con casos como el de Intel donde el salario promedio es
casi el doble del salario promedio del sector privado y casi el triple del salario mínimo nacional.
Ademas de esto, las compras locales realizadas por las empresas del régimen, llegaron en el año
2000 a alcanzar los 72 millones de dólares, y aunque bajó en el 2001, es un cifra bastante
importante, mucho mayor que lo que estas empresas invirtieron en el pago de salarios. Ademas las Zonas Francas producen una externalidad positiva bastante significativa, como lo es la
transmisión de conocimientos y de prácticas empresariales novedosas.
En resumen, las empresas de Zonas Francas generan una cantidad importante de
beneficios al país. Por ejemplo, para el año 1998 este régimen le generó al país un beneficio
económico neto de más de 7 000 millones de colones en términos reales, habiendo descontado ya
el costo que significa para el país los impuestos que se dejan de percibir por los incentivos
existentes.
Una vez eliminados los incentivos, si estas empresas deciden no irse del país este
beneficio podria aumentar y por mucho, debido a que los impuestos que antes no se pagaban se
contabilizan como beneficio. Si algún grupo de empresas decidiera irse del país, se reduciría el
beneficio en relación con esa situación señalada anteriormente. De esta forma habría un costo de
oportunidad de no implementar alguna medida, a pesar de que aún sería mayor que en la
situación previa a la climinación de los incentivos.
En el año 2001 el Gobierno y el sector privado dieron a conocer sendas propuestas, con el
fin de resolver la situación que generaba la eliminación de los incentivos. Ambas se podria
considerar incompletas, pues no atacan el problema desde la perspectiva de mejorar las
condiciones de competitividad del pais.
De esta forma, el énfasis en medidas relacionadas con la mejora del entorno competitivo
del país y en nuevos incentivos que generen beneficios no solo a las empresas, sino también al
país, se vislumbran como las medidas que se podrían tomar al respecto.
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