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La relación entre dinero y política es un matrimonio indisoluble, considerado como un elemento fundamental en la democracia de todo país, no cabe duda, de que la Democracia es el modelo político mejor preparado para hacer frente a la corrupción, sin embargo; para constatar la veracidad de esta premisa es importante conocer el punto de partida y el manejo de las formas de financiamiento de los entes privados (naturales o jurídicos); en sus aportaciones, y constatar si el ente rector como los es Tribunal Supremo Electoral (TSE) en conjunto con el Instituto del Acceso a la información Pública (IAIP), en combinación de la Ley de Partidos políticos generan o no una vía de legalidad y transparencia, en el control de actos de corrupción. El factor decisivo es un verdadero diseño de Ley que regule en gran escala el financiamiento de este tipo, ya que el apartado de la Ley de Partidos Políticos, no establece mayor claridad sobre el ingreso de contribuciones de aquellos donantes que quedan en secreto de aporte, generando el riesgo en el control de legalidad, el carácter licito de sus destinos, aquí se pone en juego el verdadero papel del Gobierno en Central, en la investigación y seguimiento en la erogaciones de fondos y todos aquellos actos de corrupción que afectan un estado de Derecho del país.
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