La potestad jurídica de la inspección de trabajo para el cobro y requerimiento del pago de multas impuestas a patronos en procedimientos administrativos en Cobán, Alta Verapaz
La potestad jurídica de la Inspección de Trabajo para el cobro y requerimiento del pago de multas impuestas a patronos en procedimiento administrativos en Cobán, Alta Verapaz, es el tema que se investigó en el presente trabajo, para establecer la potestad jurídica que posee la Inspección de Trab...
| Autor Principal: | Rivera Cajbón, Gustavo Rodolfo |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://www.repositorio.usac.edu.gt/10743/ http://www.repositorio.usac.edu.gt/10743/1/TD-145.pdf |
| Sumario: |
La potestad jurídica de la Inspección de Trabajo para el cobro y
requerimiento del pago de multas impuestas a patronos en procedimiento
administrativos en Cobán, Alta Verapaz, es el tema que se investigó en el
presente trabajo, para establecer la potestad jurídica que posee la
Inspección de Trabajo, ya que el procedimiento administrativo como medio
para la solución de conflictos laborales individuales o colectivos se
encontraba completamente desvirtuado y muchos lo veían como una pérdida
de tiempo y sin aplicación positiva en el ámbito jurídico laboral.
Al emplear el método analítico, de la guía de entrevista realizada al
Juez de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, se deducen aportes
significativos a la investigación, lo cual es fundamental para determinar el
uso correcto de herramientas jurídicas que se le confieren a la Inspección
General de Trabajo, pero que desde el punto de vista del Juez es
innecesario ya que la mayoría de casos acuden a la vía judicial y éste visto
como el mejor momento jurídico para la solución de conflictos laborales
individuales o colectivos. Así mismo se realizaron cuestionarios, al Delegado
Departamental de la Inspección General de Trabajo y Abogados en general,
lo cual marcó parámetros decisivos relativos a cómo la comunidad jurídica
ve al procedimiento administrativo laboral y que valor se le ha dado dentro
de nuestra sociedad.
Realizado el estudio respectivo de las similitudes y diferencias con
respecto a la reforma del Código de Trabajo, en cuanto a las facultades y la
potestad que se le reconoce a la Inspección General de Trabajo se
establece que existe un cambio significativo sobre el procedimiento administrativo laboral, el cual es tomado en cuenta por muchos de los
profesionales del derecho como medio directo para la solución de conflictos,
estableciendo un panorama para fortalecer ciertos actos de la administración
pública, ya que denotan buenos resultados, claro esta al hacer buen uso de
la norma jurídica como único medio para llevar a cabo dicha actividad.
A través de los resultados de la guía de entrevista y el cuestionario se
deducen muchas de las respuestas, con respecto a la potestad jurídica de la
Inspección de Trabajo, lo cual denota que esta institución de la
administración pública goza en la actualidad de plena potestad jurídica para
imponer sanciones o multas a patronos o trabajadores y hacer el cobro
directo del valor de la sanción o multa, lo cual le confiere a la Inspección
General de Trabajo cierta discrecionalidad en actos y decisiones que antes
eran tomadas por el poder judicial a través de los órganos especializados en
la materia. Permite entonces que el procedimiento administrativo laboral
tenga muchas más importancia y sea aprovechado como medio para
resolver conflictos laborales y así evitar la fase judicial.
La investigación comparada de las reformas acaecidas al Código de
Trabajo vislumbran posibles cambios y tropiezos jurídicos que puedan darse
al no contar con una preparación institucional por parte de la Inspección
General de Trabajo y al instituirse los medios y mecanismo para realizar la
imposición y el cobro de las sanciones o multas que este imponga, por lo
que se concretiza la necesidad de un Código Administrativo, el cual debe
contemplar tanto los procedimientos como los medios legales para cobrar
dinero que provenga de los particulares en general, ya que habrá que cuidar
las normas laborales para que tengan ese sentido jurídico preferente para
los sectores vulnerables; por lo que el Estado de Guatemala debe para que
una reforma a la norma jurídica tenga aplicación positiva y objetiva de lo que
se pretende, contemplar todos los detalles a favor y en contra, así evitar
tropiezos jurídicos y que todas las decisiones de poder que tenga la
administración pública sean transparentes y legales. |
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