La importancia de la teoría del bien jurídico como herramienta para la construcción de una política criminal democrática

El estudio de la actualidad jurídico penal, revela la existencia de una contradicción fundamental entre la política criminal teórica y su práctica. La primera, aparece constituida por un conjunto de principios teóricos que habrían de dotar de una base racional a la praxis. En tanto, la segunda, se i...

Descripción completa

Autores Principales: Arguedas Rojas, Fernando, Salas Rodriguez, Monicka
Formato: Otro
Idioma: Español
Publicado: 2014
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/handle/120809/1293
Sumario: El estudio de la actualidad jurídico penal, revela la existencia de una contradicción fundamental entre la política criminal teórica y su práctica. La primera, aparece constituida por un conjunto de principios teóricos que habrían de dotar de una base racional a la praxis. En tanto, la segunda, se integra del conjunto de actividades empíricas, organizadas y ordenadas a la protección de individuos y sociedad en la evitación del delito. (Silva Sánchez, 2000)1 De esta manera, la política criminal práctica debería fundamentar su existencia, definiciones y actuaciones, en la política criminal teórica. En nuestro medio, la ejecución de este planteamiento no resulta tan cierto, dado que coexisten dos políticas criminales paralelas: por un lado, la que se desarrolla en las aulas universitarias, que se lee en los libros y con la cual los “especialistas se alimentan” y por otro, la política que se aprueba en la Asamblea Legislativa y que aplica el Poder Judicial. La justificación de nuestro trabajo, parte de la idea de que ante esta incongruencia, debe analizarse con cuáles elementos de valoración cuenta el Derecho Penal al elaborar sus políticas sociales en general y su política criminal, en particular, para lograr el desarrollo y coherencia en la aplicación del sistema penal, en el marco de un Estado de Derecho Democrático. Nuestra hipótesis es que la teoría del bien jurídico constituye una herramienta idónea para construir una política criminal democrática, la cual servirá para lograr una menor criminalización de conductas, eliminar las figuras delictivas que no tutelen ninguna afectación a bienes jurídicos, asegurar el respeto de las garantías fundamentales de las personas y constituir un límite para el poder punitivo del Estado, que no puede sancionar, donde no hay afectación.