Juegos de poder entre las organizaciones costarricenses de personas con discapacidad y el sector de transportistas en el proceso de redefinici?n de la Ley 7600: el caso del transporte p?blico remunerado (2003-2010)

La investigaci?n se enmarca en el proceso de redefinici?n de la Ley 7600, ante el vencimiento del Transitorio VIII, en el cual los actores oficiales decid?an respecto a las opciones para facultar el cumplimiento y/o modificaci?n de las disposiciones de la legislaci?n. Se plantearon cambios en e...

Full description

Main Author: Gonz?lez Alfaro, Sherilyn
Format: Tesis de licenciatura
Language: Español
Published: 2013
Subjects:
Online Access: http://hdl.handle.net/10669/1407
Summary: La investigaci?n se enmarca en el proceso de redefinici?n de la Ley 7600, ante el vencimiento del Transitorio VIII, en el cual los actores oficiales decid?an respecto a las opciones para facultar el cumplimiento y/o modificaci?n de las disposiciones de la legislaci?n. Se plantearon cambios en el tema de transporte como: ampliaci?n de la vida ?til de los autobuses y pr?rroga adicionales para la adaptaci?n de las unidades de transporte p?blico. De esta manera, los actores sociales estudiados, organizaciones de personas con discapacidad y las c?maras de autobuseros, emplearon sus recursos y estrategias para influenciar a los tomadores de decisiones. La lucha por la incidencia pol?tica de los actores se efect?a en espacio de desigualdad de recursos. En el tanto, las c?maras de autobuseros cuentan con los recursos econ?micos, humanos y de infraestructura; en contraposici?n, a las organizaciones de personas con discapacidad que subsisten, pr?cticamente, por medio del voluntariado de sus miembros y de limitados vaportes del Estado, entendido como el Consejo Nacional de Rehabilitaci?n y Educaci?n Especial (CNREE). Los actores sociales emplearon estrategias tales como el cabildeo, en los ?mbitos de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo e instituciones como: CNREE, Consejo de Transporte P?blico (CNREE) y el Ministerio de Obras P?blicas y Transportes (MOPT). Aunado, a recursos ante la Sala Constitucional, conferencias de prensa, acciones no institucionalizadas como: concentraciones y cese de obligaciones, el ?ltimo caso refiere a las c?maras de autobuseros. Las organizaciones de personas con discapacidad mantuvieron un discurso que se bas? en el respeto a los derechos humanos, en tanto el derecho al libre tr?nsito y la accesibilidad. No obstante, sus posturas no se mantuvieron unificadas y se dilu?an entre las m?ltiples organizaciones de personas con discapacidad que intentaban participar del proceso. En contraposici?n a las c?maras de autobuseros que se fundamentaban en aspectos de ?ndole econ?mico, relacionado con los costos para los usuarios, incapacidad de efectuar las modificaciones a los autobuses en el per?odo establecido, la comparaci?n internacional y otros. Las posturas de las c?maras eran s?lidas, en el sentido de que a la mayor?a de las mismas las respaldaban, aunado, a que los voceros eran pocos y reconocidos por los actores oficiales. La relaci?n con el Estado evidencia que las c?maras de autobuseros mantienen relaciones estables y armoniosas con instituciones como el CTP y el MOPT, lo cual facilitaba la inclusi?n de sus posturas en la toma de decisiones.